columna 2: trata y trafico de personas

COLUMNA:   TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

El índice de Trata y Tráfico de personas en Bolivia se incrementó en un 92,2 por ciento en los últimos 10 años. El 70 por ciento de las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes de 12 a 22 años de edad.

Según un estudio realizado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) señala que Bolivia es uno de los cinco países de Sudamérica con más casos de Trata y Tráfico de Personas.

En la presente gestión, hasta el mes de junio se tuvo conocimiento de 94 casos de trata de personas en Bolivia, del cual un gran número de las denuncias provienen de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, dio a conocer el Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer, (Cecasem), poniendo así a estos entre las jurisdicciones que mayor trabajo necesitan en el tema.

Con el objetivo de perseguir y sancionar este tipo de actos en la sociedad boliviana, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Diputados socializa un proyecto de ley denominado "Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas", el cual pretende ser aprobado en el próximo mes de agosto.

Entre las principales características de esta norma se encuentra el de proteger la vida, la integridad física, psicológica de las personas. Permitirá también penar aquellos delitos que derivan de la trata como la servidumbre, esclavitud y pornografía. Por otro lado, establece la incorporación de agentes encubiertos para descubrir redes de proxenetas.

La ley en Bolivia sanciona este delito con una pena privativa de libertad de 8 a 12 años, el que mediante engaño, coacción, amenaza, o uso de la fuerza prive la libertad de seres humanos.

La trata y tráfico es un problema mundial, no sólo de Bolivia, porque la explotación sexual se ha convertido en el tercer negocio más rentable a nivel mundial.

Se calcula que al año unos 15.000 niños, niñas y adolescentes bolivianos salen por las fronteras de Bermejo, Yacuiba y Villazón sin permiso de sus padres. Se desconoce cuántos van al Perú y a otros países limítrofes, expuestos a ser víctimas de las redes de trata y tráfico de personas.

A nivel internacional una de las causas principales para la trata y tráfico de las personas es la económica porque después del tráfico de armas y estupefacientes, el tráfico de seres humanos es el negocio millonario más grande del mundo, no solo por la explotación sexual, explotación laboral sino por el tráfico de órganos.

Bolivia arroja índices muy alarmantes en cuanto a la explotación laboral y sexual, pues el negocio de la trata y tráfico de personas se ha convertido en el tercero más lucrativo, luego del narcotráfico y del negocio ilícito de armas.

La prostitución, el proxenetismo y la pedofilia, son algunas de las figuras que se encuentran dentro de la trata y el tráfico de personas, un mal que afecta a la sociedad en su conjunto, considerando que estas acciones ilegales no diferencian clases sociales, razas, ni edad.

Hasta ahora, el delito de trata y tráfico de personas tiene muy pocos sancionados. En contraste, a diario se reporta la desaparición de adolescentes, la mayoría mujeres, captadas por redes de trata y tráfico de personas, ya sea con fines de explotación laboral o sexual. Bolivia no cuenta con una base de datos sobre la cantidad de desaparecidos. En Cochabamba, cada institución que trabaja en defensa de los derechos de la niñez y adolescencia cuenta con su lista de desaparecidos y no hay una información única, ni se sabe exactamente cuántos de los extraviados son encontrados.

La trata y el tráfico de personas, en Bolivia, no solo se ha incrementado notoriamente en los últimos años, sino que es un tema que empaña la imagen internacional de nuestro País, puesto que es tipificado como un país de origen, tránsito y destino de decenas de mujeres, y quizás hombres, víctimas de estos delitos. A la vez, esta situación la hace mucho más vulnerable a los ojos de los traficantes de seres humanos, puesto que conocen la fragilidad de nuestros controles migratorios.

columna: Mallku qota

¿Qué se puede decir ante los manejos torpes de un gobierno que violenta los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas? El Estado es definido también como el monopolio múltiple de la violencia, donde se destacan el monopolio de la violencia simbólica y el monopolio de la violencia física. La violencia simbólica esconde el carácter violento de las dominaciones, mostrándolas como si fuesen naturales. Se da como una especie de obediencia espontánea a las órdenes, normas, reglamentos y regulaciones estatales inscritas en los esquemas de conductas y en las prácticas cotidianas, lo que forma parte de la teoría del campo burocrático, que efectúa el análisis del Estado a partir de una sociología y genética del Estado.

Evidentemente no es exactamente una violencia simbólica, tampoco del todo una violencia física; podemos decir, en principio que se trata de un abuso de autoridad, delito tipificado. Se trata de un uso arbitrario del gobierno y de los puestos ejecutivos para imponer una voluntad cuestionada.

Y esto se ve reflejado en la hipótesis referida a las  Comunidades del ayllu Sullk’a Jilaticani que habitan en proximidades de Sacaca y San Pedro de Buena Vista en el norte del departamento de Potosí, que rechazan la explotación de yacimientos mineros en el cerro Mallku Qota por parte de la transnacional canadiense South American Silver.

Los originarios se movilizaron desde 2009 exigiendo la expulsión de la empresa, alegando que la explotación minera a cielo abierto contaminará tierras y fuentes de agua esenciales para la actividad agrícola. Las comunidades potencialmente afectadas reivindican su derecho a defender lagunas y bofedales en la cabecera de la cuenca Amazónica y de la sub cuenca de Río Grande.

Hablamos de acciones de gobierno bizarras, torpes, forzadas, no del todo simbólicas, ni del todo físicas, sino mezcladas. Hacer trampas, manipular, maniobrar, desconocer, contar una versión de los hechos sin sostén empírico, pero con mucha propaganda y publicidad, forman parte ciertamente de prácticas políticas, pero, que mucho no tienen que ver con la estabilidad normativa del ejercicio burocrático y del ejercicio normado, legal y legítimo de un Estado. Esto expresa una psicología especial de los gobernantes, quienes consideran que el poder lo puede todo, puede inventarse realidades, puede domesticar la realidad como si ésta fuera un animal salvaje, susceptible de docilización.

La fuerza de estas revoluciones socialistas y los proyectos populistas se encuentra en sus movilizaciones iniciales, en sus actos revolucionarios y en los desbordes de la participación popular. Las primeras equivocaciones consisten en limitar la potencia social. La movilización prolongada de Bolivia ha logrado escribir y aprobar, además de promulgar, a pesar de todas las dificultades en el camino y la construcción dramática del pacto social, una Constitución que se abre a una transición pos-capitalista, que se concibe de manera pluralista y participativa. Este es un proyecto que contempla la integración y la internacional de los pueblos en defensa de la madre tierra, en contra del capitalismo.

Estas tareas son por cierto difíciles, sin embargo, si no se intentan, nos encaminamos a una derrota anunciada sin haber intentado el camino de las transformaciones pluralistas, sabiendo que la peor derrota es no haberlo intentado.

COLUMNA:” TIPNIS”

Autoridades del Gobierno y corregidores de 45 comunidades, de las 63 que habitan el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) firmaron la noche del martes un acuerdo para implementar la Consulta Previa, establecida en la Ley 222, que definirá la construcción o no del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por ese parque nacional.

Después de una reunión que se instaló en oficinas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), en la que cada uno de los corregidores testimonió la legitimidad de su representación y expuso las razones para respaldar la consulta, se redactó el documento que fue rubricado después de una revisión minuciosa.

La reunión,  estuvo presidida por los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de Gobierno, Carlos Romero, de Obras Públicas, Vladimir Sánchez y de Medio Ambiente Felipe Quispe. Y según la presentación del ministro Quintana, participan del diálogo 45 corregidores: 12 de la Subcentral TIPNIS, 15 de la Subcentral Sécure y 18 del CONISUR, quienes remarcaron la necesidad de la carretera como elemento fundamental para el desarrollo de esa región olvidada.

La reunión fue convocada en la mañana por el Ejecutivo, a través de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, con agenda amplia, abierta y respetuosa, para resolver el conflicto en esa reserva nacional, tomando en cuenta que hay algunos grupos que llegaron con la IX marcha a La Paz, que se oponen a la Consulta y defienden la "intangibilidad" de esa región.

El grupo que llegó a la ciudad de La Paz para reunirse con el gobierno y firmar el acta con el directorio paralelo de la Subcentral Sécure, que preside Carlos Fabricano, y el Consejo Indígena Sur (Conisur), fue parte del XXX encuentro de corregidores y apoyó el inicio de la IX marcha. 

Por su parte, el corregidor de la comunidad San Miguelito, Eleuterio Semo, quien fue parte del XXX encuentro de corregidores en Gundonvia y aceptó ser parte de la IX marcha, indicó que no acudió a la movilización indígena porque con la VIII marcha no se resolvieron los problemas que aquejan a su región.

Semo indicó que el gobierno les explicó que con la consulta previa podrán decidir por dónde debe pasar la carretera, puesto que en San Miguelito los indígenas sufren el constante avasallamiento de sus tierras de parte de los colonizadores y temen que con la vía puedan ingresar aún más para cultivar coca. Afirmando que no será el presidente Evo Morales quien decida por dónde se construirá la carretera.

COLUMNA: TIPNIS

TIPNIS

En medio de aplausos, abrazos, mixtura y pétalos de flores lanzados por la gente que salió a las calles a recibirlos, los indígenas de la IX marcha llegaron ayer al centro de La Paz después de 61 días de caminata desde Trinidad, de donde partieron en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

La marcha partió de la localidad de Urujara, distante a 12 kilómetros de La Paz, con la bendición del sacerdote jesuita  Xabier Albó. La marcha continuó rumbo a la plaza mayor de San Francisco. A medida que avanzaban por los barrios de Kalajahuira, Chuquiaguillo, Villa El Carmen y Villa Fátima, más personas salían a recibirlos y muchos se unían a la columna que partió reforzada con sectores como la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, activistas e indígenas recién llegados.

Los varones que componen la IX Marcha Indígena buscaban anoche la mejor forma de protegerse del frío en su primera noche de vigilia en la plaza de San Francisco, donde tienen previsto permanecer hasta que el Gobierno atienda sus demandas. A pesar de que la bienvenida de los vecinos fue calurosa y representantes del municipio y de la Iglesia Católica organizaron un recibimiento oficial en la plaza Mayor, los marchistas vivieron momentos de tensión, puesto que Durante la bajada hacia La Paz, los médicos tuvieron que socorrer al menos a seis niños, a los cuales les faltó oxígeno y que fueron trasladados hacia la clínica La Merced.

Las autoridades gubernamentales no permitieron que la caravana ingresara a la plaza Murillo, donde policías reprimieron a los marchistas con gas pimienta. Una vigilia fue instalada anoche por los indígenas en la plaza San Francisco, en espera de entablar el diálogo para la atención de su principal demanda, la anulación de la Ley 222 que establece una consulta “previa” en el Tipnis para definir si la carretera a Beni atraviesa o no esa reserva.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que no hay avances en la apertura del diálogo porque en contraposición a la dirigencia indígena, el Ejecutivo reivindica el derecho de participar de los 63 corregidores en cualquier escenario  que trate la construcción o no de una carretera por el (TIPNIS). 

Por la mañana, mineros cooperativistas, gremialistas y campesinos afines al Gobierno participaron en una contramarcha para “defender el proceso de cambio”. Su ruta era la misma que habían previsto los marchistas de tierras bajas. Por lo mismo que los indígenas optaron por cambiar su recorrido para evitar confrontaciones; sin embargo, los llamados “Ponchos rojos” agredieron con sus chicotes a un grupo de vecinos que manifestaba su apoyo a la marcha.

Los pueblos indígenas no estamos acostumbrados a hacer bloqueo o huelgas de hambre. Nuestra forma de protesta es una movilización pacífica, y tampoco es que nos guste marchar todos los años o que estamos sin oficio y que no hacemos nada. Es que, desgraciadamente, este Gobierno después de firmar la Ley 180, de protección del TIPNIS, saca una movilización para justificar la aprobación de una Ley de Consulta fuera de los términos establecidos, porque la Constitución y convenios dicen que los estados, antes de iniciar medidas legislativas, deben consultar a los indígenas cuando aquéllas pueden afectar sus territorios, su cultura y sus instituciones. La IX marcha no está contra la consulta; nosotros estamos en contra del procedimiento de la consulta, no pude ser que después de que te hayan operado te consulten sobre si quieres ser operado.