miércoles, 30 de mayo de 2012

REDES SOCIALES


EDITORIAL
LAS REDES SOCIALES UNA NUEVA FORMA DE POLÍTICA PARA BOLIVIA
Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) analizan normar el uso de las redes sociales para evitar que algunas personas difundan mensajes racistas y discriminadores en contra del presidente Evo Morales. Ante esta determinación, Legisladores de la oposición descartaron la posibilidad de normar mediante una Ley el contenido de las redes sociales en Internet, pues consideran que sería atentar contra la libertad de expresión de los ciudadanos que hacen uso principalmente de las redes sociales Facebook y el Twitter.
En medio de este planteamiento, analistas consultados creen que la intención del Gobierno es victimizar al mandatario para desviar la atención de los complejos conflictos en el país, sin embargo, el diputado masista Galo Bonifaz, afirmó que el oficialismo en el congreso no descarta la posibilidad de crear una norma o incorporar algún artículo en la ley antirracismo para impedir ataques racistas “indiscriminados”, que calificó como falta de respeto.
El pasado fin de semana, durante un acto con movimientos sociales, Evo Morales criticó los ataques racistas  de ciudadanos contra su persona en las redes sociales, especialmente el Facebook, donde insultan a los indígenas de burros, animales e ignorantes, según el mandatario.
Sin ser Bolivia la excepción, algunos estudios de monitoreo muestran que redes sociales como Twitter y Facebook se han convertido en sólidos y a veces irónicos, espacios de posicionamiento político. Se sabe además que dichas plataformas expresan hoy un claro predominio de activistas y voces opositoras al Gobierno, cuestionando todo lo vinculado con el proceso de cambio.
Ha causado mucho revuelo la idea de aplicar controles a las redes sociales, al constatarse que sitios como el Facebook o Twitter, son usados para insultar o publicar contenidos racistas. Justo ayer se conoció de una sanción judicial a una joven tuitera brasileña que usaba su cuenta para difundir ideas hostiles.Esa es una prueba de que es posible normar sin censurar ni violentar la libertad de expresión, como se intenta hacer en Bolivia. Este tipo de reacciones no son privativas del régimen político boliviano.
Que la debilitada/dispersa oposición boliviana impulse campañas y mensajes virtuales en contra de Evo y los suyos no debería llamar la atención. Lo propio ocurre todos los días, con sincronía, en la mayoría de los “medios de referencia” (en especial diarios y redes de televisión). Parece claro que, pese a la propaganda y sus medios oficiales, el Gobierno lleva la peor parte en las arenas de la mediatización.
En tal escenario, resultailógico plantear el control de los contenidos en las redes sociales. Primero porque es técnicamente imposible; segundo porque resulta democráticamente deplorable; y tercero porque es claramente inútil. Ya suficiente disputa existe con los operadores mediáticos y sus asociaciones como para intentar una fallida “vigilancia” de feisbuquer@s y twitters.
Pero habremos de convenir, libres de ingenuidad, utilizar las redes y otras plataformas interactivas para hacer activismo político y otra, muy distinta, es aprovechar el espacio virtual, muchas veces desde el anonimato, para la difusión sistemática de agresiones racistas y discriminatorias. Con racismo, bien se sabe, no hay democracia. Por más que se encubra de libertad de expresión.

domingo, 27 de mayo de 2012

EDITORIAL: INSEGURIDAD CIUDADANA


EDITORIAL
LA INSEGUTIDAD CIUDADANA, UN PROBLEMA COMÚN
Las autoridades nacionales consideran que el alcohol es el único causante de la inseguridad ciudadana, que sólo los consumidores de este cometen atracos y delitos, que sólo bajo la influencia del alcohol se roba, asalta y mata. Los esfuerzos legislativos se han dirigido en el curso de los últimos días a penalizar la bebida como si fuera el factor exclusivo que desencadena la violencia. Sin embargo, se debe considerar que el consumo de alcohol no es el único autor                 de la inseguridad, sino  que es uno de los múltiples factores que descienden en hechos criminales y delictivos.
Son muchas las circunstancias que alteran el orden público y ponen en peligro la tranquilidad de la población, que en la mayoría de los casos no tiene relación directa con grupos que impiden el desarrollo de actividades que son parte del quehacer diario de mucha gente que inclusive vive de su trabajo en las calles, en puestos de venta, en comercio variado, en servicios de transporte y que por reacciones sectarias de reducidos grupos, se ven perjudicadas sus normales actividades, sin que nadie le ponga remedio a tan confuso proceso, casi institucionalizado en nuestras ciudades.
Un estudio revela que las ciudades con mayor índice delictivo son Cochabamba, donde el 55,4% de los encuestados fue víctima de alguna forma de delito y El Alto (48,5%), seguidas por Santa Cruz (38,7%) y La Paz (37,8%), lo que en cierta manera echa por tierra la extendida creencia de que la capital cruceña es la más insegura del país. Por su porte, respecto a las percepciones sobre la inseguridad y la delincuencia, se descubrió que estos temas ocupan el primer lugar en la preocupación de las personas (44%). Los conflictos sociales, el desempleo, la pobreza y la desigualdad social se ubican, en ese orden, por detrás. Sin embargo, el dato más importante y preocupante, es que la gente denuncia únicamente 15 de cada 100 robos; el menor porcentaje de denuncia se presenta en El Alto, con sólo 11%, y el mayor en Santa Cruz, con el 17%. Las principales razones para no denunciar son: que las autoridades no harían nada (36% de los casos) y la desconfianza en la Policía Boliviana (27%).
Es una demanda ciudadana incuestionable y de urgente necesidad pública el empezar a comprender las complejas y polifacéticas caras de la difícil coyuntura de inseguridad que vive el país. Los hechos acaecidos en los últimos tiempos son una muestra de los dramáticos extremos a los que puede llegar un problema tan sensible para la ciudadanía como es la inseguridad ciudadana, tomando como ejemplo el asesinato reciente del periodista  Eugenio Aduviri, quien fue encontrado muerto la madrugada del pasado domingo 13 de mayo, tras ser expulsado del vehículo donde se transportaba a la casa de su hermano; donde minutos antes fue estrangulado por un grupo de delincuentes que se hallaban en la misma movilidad.
Frente a estos problemas, que tienen origen en situaciones de injusticia social y que se agrandan por incomprensiones entre las partes, la ciudadanía analiza cada caso y por solidaria condición humana brinda apoyo a quienes llevan la peor parte, cuando no reciben salarios justos o no se atienden sus demandas para mejorar servicios, como en los últimos casos de los médicos, o la situación de los asalariados del país en general, el caso de los hermanos originarios del Tipnis que realizan otra marcha esforzada y hasta peligrosa para la salud de sus protagonistas… en fin son varios otros problemas que persisten por falta de oportuna atención y se complican en la medida que la burocracia estatal difiere su consideración y solución.
Otro fundamento para la preservación del orden público debe apuntar a los reincidentes. Éstos no deben recuperar fácilmente su libertad, sino que deben ser sometidos a un riguroso programa de reeducación. Eso exige recursos y dedicación de parte del Estado, pero no es posible que los reos se gradúen como peores delincuentes después de pasar por un reclusorio. Eso es inaceptable y causa una mayor carga para el mismo Estado.
Estamos frente a una situación que amerita urgentes medidas que alivien los males de la cotidianidad y reduzcan al mínimo las acciones violentas que por lo menos hasta el presente alteran los derechos ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad de ciudadanos, adultos, pero también de jóvenes y niños que están en riesgo de aparecer en cualquier calle en medio de una trifulca social que por sus nuevas características se convierte en una bomba de tiempo.
El consumo del alcohol, así como las películas de violencia u otros elementos resultan accesorios ante este panorama. Demuestra que no se debe tomar al todo por uno de sus factores. Sólo después de afrontar los principales factores que inciden en la inseguridad ciudadana, se podrá atacar las cuestiones formales y que tienden a dar forma, como el consumo del alcohol, que está asociado a otros elementos. No se debe incurrir en el facilismo de creer que al proscribir el alcohol se suprimirá la delincuencia.

miércoles, 23 de mayo de 2012

EDITORIAL FINAL 23/05/2012


EDITORIAL

ACUERDO PERO NO SOLUCIÓN

La aplicación del Decreto Supremo 1126, queda en suspenso y como resultado al acuerdo firmado entre el Gobierno y la Comisión de Salud, que propone  una Cumbre de Salud,  se reanudará y normalizará la atención de todos los servicios en hospitales públicos, dando fin a la huelga del sector salud de 53 días.  La propuesta de una Cumbre social, no será la solución, pero se idealiza que esta apaciguara los  problemas y enfrentamientos realizados en el país hasta el momento. 

El conflicto estalló luego que el Ministerio de salud impuso la reglamentación a través de la Resolución ministerial 0250 que señala aprobar el reglamento específico de la jornada laboral a tiempo completo continuas o discontinuas, de ocho horas diarias con presencia física equivalente a 40 horas semanales y 120 horas mensuales;  la jornada de medio tiempo, de cuatro horas diarias con presencia física de equivalente a 20 horas semanales y 80 mensuales. Se coteja que el problema fundamental dentro de este ámbito y por el cual los médicos aún no aceptan ni acatan la ley de las ocho horas de trabajo,  es la falta de infraestructura, equipamiento y medicamentos dentro de los Hospitales, ya que en su mayoría estos carecen de los mismos y no cuentan ni con recursos ni apoyo del gobierno para conseguirlos.

La cumbre de salud discutirá la carga horaria que deberán cumplir diariamente los médicos y sanitaristas en el futuro junto al modelo de salud pública que se fijará en Bolivia, ya que el objetivo de diseñar otro sistema de salud pública, es parte de los acuerdos logrados entre el gobierno, la COB y la Confederación de Trabajadores en Salud. En ese encuentro sanitario, que tendrá lugar en julio próximo, también se debatirán temas vinculados a infraestructura, servicios en el área rural y convivencia entre un sistema de salud pública con los usos y conocimientos de los pueblos indígenas. 

Los acuerdos suscritos con el sector salud, luego de varios intentos y arduas negociaciones durante los casi cinco meses de conflicto, tanto con los trabajadores en salud como con los médicos, también establece que el Gobierno dejará sin efecto las demandas judiciales contra médicos y universitarios que causaron disturbios en las últimas semanas, así como los despidos y en cuanto a los descuentos por los días de paro, establece una fórmula por el que no se les descontará el total de los días no trabajados.

Las soluciones a los conflictos en el país, si es que pueden ser llamadas tales, están ingresando a un plano donde la racionalidad parece que ha sido superada por la improvisación y la falta de sentido común de los sectores enfrentados en conflicto, que siempre generan perjuicio para la población. No se toma en cuenta casi nunca el análisis compartido de las medidas que pretende implementar el Gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, con los sectores afectados y el procedimiento negociador siempre está caracterizado por empezar por donde no se puede apreciar soluciones, algo así como al revés, fuera de toda lógica.

domingo, 20 de mayo de 2012

ACUERDO PERO NO SOLUCIÓN


EDITORIAL
ACUERDO PERO NO SOLUCIÓN
La Cumbre de Salud, propuesta por el presidente de la nación, no será la solución. Pero apaciguara los  problemas y enfrentamientos. El Gobierno y la Comisión Nacional de Salud firmaron un acuerdo, en el  cual ponen fin a la huelga  del sector salud que duró 53 días en contra del Decreto Supremo 1126, que subió la jornada laboral de seis a ocho horas de trabajo. La aplicación queda en suspenso y como resultado, se reanudará y normalizará la atención de todos los servicios en los hospitales públicos.
El conflicto estalló luego que el Ministerio de salud impuso la reglamentación a través de la Resolución ministerial 0250 que señala aprobar el reglamento específico de la jornada laboral a tiempo completo continuas o discontinuas, de ocho horas diarias con presencia física equivalente a 40 horas semanales y 120 horas mensuales;  la jornada de medio tiempo, de cuatro horas diarias con presencia física de equivalente a 20 horas semanales y 80 mensuales. Se coteja que el problema fundamental dentro de este ámbito y por el cual los médicos aún no aceptan ni acatan la ley de las ocho horas de trabajo,  es la falta de infraestructura, equipamiento y medicamentos dentro de los Hospitales, ya que en su mayoría estos carecen de los mismos y no cuentan ni con recursos ni apoyo del gobierno para conseguirlos.
La cumbre de salud discutirá la carga horaria que deberán cumplir diariamente los médicos y sanitaristas en el futuro junto al modelo de salud pública que se fijará en Bolivia, ya que el objetivo de diseñar otro sistema de salud pública, es parte de los acuerdos logrados entre el gobierno, la COB y la Confederación de Trabajadores en Salud. En ese encuentro sanitario, que tendrá lugar en julio próximo, también se debatirán temas vinculados a infraestructura, servicios en el área rural y convivencia entre un sistema de salud pública con los usos y conocimientos de los pueblos indígenas. 

Los acuerdos suscritos con el sector salud, luego de varios intentos y arduas negociaciones durante los casi cinco meses de conflicto, tanto con los trabajadores en salud como con los médicos, también establece que el Gobierno dejará sin efecto las demandas judiciales contra médicos y universitarios que causaron disturbios en las últimas semanas, así como los despidos y en cuanto a los descuentos por los días de paro, establece una fórmula por el que no se les descontará el total de los días no trabajados.
Las soluciones a los conflictos en el país, si es que pueden ser llamadas tales, están ingresando a un plano donde la racionalidad parece que ha sido superada por la improvisación y la falta de sentido común de los sectores enfrentados en conflicto, que siempre generan perjuicio para la población. No se toma en cuenta casi nunca el análisis compartido de las medidas que pretende implementar el Gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, con los sectores afectados y el procedimiento negociador siempre está caracterizado por empezar por donde no se puede apreciar soluciones, algo así como al revés, fuera de toda lógica.