La fiscal anticorrupción Edna Montoya se trasladará en los próximos días hasta Sao Paulo, Brasil, para entrevistar a Roberto Falascina, representante legal de la empresa D´Andrea Agrimport, proveedora de equipos y maquinarias para la implementación de la fábrica Papelbol.
Montoya dijo que para concretar lo previsto en el marco de las investigaciones de sobreprecio en la instalación de la planta industrial Papelbol, se determinó solicitar dos pasajes aéreos a la empresa Boliviana de Aviación (BoA).
La viceministra anticorrupción, Gabriela Veizaga denunció, en julio de 2010, las irregularidades en la instalación de la industria estatal y recién en septiembre de 2011 el caso fue reasignado a la fiscal Montoya. El ex viceministro de Empresa, Eduardo Peinado y Antonio Camberos, ex gerente de Papelbol, fueron imputados y se encuentran con detención domiciliaria acusados de los delitos de incumplimiento de contrato, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y otros.
Hace algunos meses, cuando se difundió un informe de la Fundación Milenio titulado: “El estado de las empresas del Estado” en el que se analizaban las diferencias entre las expectativas con que se fundaron las empresas estatales y los resultados obtenidos, las autoridades gubernamentales reaccionaron de manera violenta para descalificar el estudio y llegaron al extremo de amenazar con juicios por “falsedad” a sus autores.
El 23 de diciembre de 2010, a través de un memorial la gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, Patricia Ballivián, abrió querella contra el ex viceministro de Mediana, Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado Rivero, porque permitió que la empresa brasileña D’Andrea Agrimport Importacao e Comercio se beneficie con $us13.571.010, pese al incumplimiento del objeto del contrato.
Según la denuncia, el Estado dispuso una inversión de Bs162 millones para el equipamiento de la fábrica y que derivó en la contratación directa de la factoría brasileña, representada por Roberto Falascina.
Muy pocos meses han sido suficientes para que la verdad se imponga por su propio peso y ya se sabe que Papelbol no es nada más que una estafa que le costó al erario nacional más de 160 millones de bolivianos.
Que ésa y no otra es la realidad, ya se sabía. Es más, desde que el proyecto fue hecho público, hace más de cinco años, y antes de que se erogue un solo centavo en él, se hicieron muchas advertencias sobre la enorme magnitud del engaño que ya se veía venir.
Ahora que ya no hay lugar a dudas sobre el caso Papelbol, sólo cabe esperar que los autores de la estafa, sus cómplices y encubridores, sean debidamente identificados y sancionados. Y, lo que es más importante, que todos los casos similares, que no son pocos, dejen de ser encubiertos.
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