LA VERDAD, UNA POSIBLE
SOLUCIÓN
La comisión de Fiscales que investiga la
admisión e ingreso irregular de los 54 bachilleres “interculturales” a la
Universidad Policial (UNIPOL), presentó a través de una resolución la
imputación formal contra el ex comandante nacional de la Policía, el general
Jorge Renato Santiesteban Claure, por los delitos de incumplimiento de deberes y
uso indebido de influencias, solicitando a su vez su detención preventiva.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez, miembro de
la comisión, informó que la imputación fue presentada en el Juzgado Cuarto de
Instrucción en lo Penal presidida por la juez Margot Pérez después de que
Santiesteban presentara sus declaraciones informativas, en su octava convocatoria
postergada por recursos presentados por la defensa del ex comandante.
En el mismo caso, el ex rector de Unipol José
Piérola y el director de la Academia Nacional de Policías (Anapol), Marco
Ortuño, guardan arresto domiciliario porque fueron imputados por falsedad
ideológica, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes,
resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución Política del Estado y
cohecho.
La Resolución 0006/2012 del Comando General
de la Policía, emitida el 3 de febrero de este año, aprobó la admisión de 460
postulantes a la Anapol, y quebrantando el reglamento que presenta la Unipol,
decidió implementar el programa piloto a favor de 54 postulantes
interculturales a través de la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza.
Hasta el momento se ha llegado a evidenciar
que existen dos cartas con las cuales el general Jorge Santiesteban remite al
coronel Piérola un listado primero de 36 y luego de 14 postulantes para que
éstos ingresen en la Academia Nacional de Policías para su formación policial”.
Uno de los familiares de los 54 ex cadetes,
que fueron desvinculados de las filas de la Academia Nacional de Policías
(ANAPOL), denunció que los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS),
Lucio Marca, Edwin Tupa, Isaac Avalos y Fidel Surco, están vinculados en los
supuestos cobros irregulares para garantizar el ingreso de postulantes a ese
centro de formación. Uno de los asambleístas aludidos, Lucio Marca, negó las
acusaciones en su contra, pero reconoció que en el pasado si existieron
personas que a su nombre solicitaban dinero para el ingreso a la Anapol. Estas
ya estarían en la cárcel.
Este reciente escándalo que se ventila en
esferas de la Policía Nacional y que afecta altos mandos, debería servir para
desarrollar una investigación prolija, libre de presiones, sin prejuicios y
sobretodo de manera honesta y transparente. Una investigación desde diferentes
ángulos podría determinar esclarecimientos que posiblemente señalen a los
responsables en este asunto que pone en tela de juicio la seriedad de la
Policía y finalmente se encuentren culpables no importando cargos de poder en
los que se encuentren.
De cualquier modo los funcionarios y
autoridades que están en ejercicio de sus cargos tienen la obligación, cuando
están sometidos a cualquier investigación, a decir la verdad, o sea cooperar en
el proceso de investigaciones, porque de lo contrario, aun suponiendo que son
inocentes, se colocan como cómplices y encubridores. El hecho de decir la
verdad luego de que dejan el cargo, puede servir también en el proceso de
investigaciones, pero de algún modo suena como una especie de presión o
advertencia a la misma investigación, o peor aún, algo así como una extorsión
para frenar la investigación.
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