EDITORIAL: INSEGURIDAD CIUDADANA

EDITORIAL

LA INSEGUTIDAD CIUDADANA, UN PROBLEMA COMÚN

Las autoridades nacionales consideran que el alcohol es el único causante de la inseguridad ciudadana, que sólo los consumidores de este cometen atracos y delitos, que sólo bajo la influencia del alcohol se roba, asalta y mata. Los esfuerzos legislativos se han dirigido en el curso de los últimos días a penalizar la bebida como si fuera el factor exclusivo que desencadena la violencia. Sin embargo, se debe considerar que el consumo de alcohol no es el único autor                 de la inseguridad, sino  que es uno de los múltiples factores que descienden en hechos criminales y delictivos.

Son muchas las circunstancias que alteran el orden público y ponen en peligro la tranquilidad de la población, que en la mayoría de los casos no tiene relación directa con grupos que impiden el desarrollo de actividades que son parte del quehacer diario de mucha gente que inclusive vive de su trabajo en las calles, en puestos de venta, en comercio variado, en servicios de transporte y que por reacciones sectarias de reducidos grupos, se ven perjudicadas sus normales actividades, sin que nadie le ponga remedio a tan confuso proceso, casi institucionalizado en nuestras ciudades.

Un estudio revela que las ciudades con mayor índice delictivo son Cochabamba, donde el 55,4% de los encuestados fue víctima de alguna forma de delito y El Alto (48,5%), seguidas por Santa Cruz (38,7%) y La Paz (37,8%), lo que en cierta manera echa por tierra la extendida creencia de que la capital cruceña es la más insegura del país. Por su porte, respecto a las percepciones sobre la inseguridad y la delincuencia, se descubrió que estos temas ocupan el primer lugar en la preocupación de las personas (44%). Los conflictos sociales, el desempleo, la pobreza y la desigualdad social se ubican, en ese orden, por detrás. Sin embargo, el dato más importante y preocupante, es que la gente denuncia únicamente 15 de cada 100 robos; el menor porcentaje de denuncia se presenta en El Alto, con sólo 11%, y el mayor en Santa Cruz, con el 17%. Las principales razones para no denunciar son: que las autoridades no harían nada (36% de los casos) y la desconfianza en la Policía Boliviana (27%).

Es una demanda ciudadana incuestionable y de urgente necesidad pública el empezar a comprender las complejas y polifacéticas caras de la difícil coyuntura de inseguridad que vive el país. Los hechos acaecidos en los últimos tiempos son una muestra de los dramáticos extremos a los que puede llegar un problema tan sensible para la ciudadanía como es la inseguridad ciudadana, tomando como ejemplo el asesinato reciente del periodista  Eugenio Aduviri, quien fue encontrado muerto la madrugada del pasado domingo 13 de mayo, tras ser expulsado del vehículo donde se transportaba a la casa de su hermano; donde minutos antes fue estrangulado por un grupo de delincuentes que se hallaban en la misma movilidad.

Frente a estos problemas, que tienen origen en situaciones de injusticia social y que se agrandan por incomprensiones entre las partes, la ciudadanía analiza cada caso y por solidaria condición humana brinda apoyo a quienes llevan la peor parte, cuando no reciben salarios justos o no se atienden sus demandas para mejorar servicios, como en los últimos casos de los médicos, o la situación de los asalariados del país en general, el caso de los hermanos originarios del Tipnis que realizan otra marcha esforzada y hasta peligrosa para la salud de sus protagonistas… en fin son varios otros problemas que persisten por falta de oportuna atención y se complican en la medida que la burocracia estatal difiere su consideración y solución.

Otro fundamento para la preservación del orden público debe apuntar a los reincidentes. Éstos no deben recuperar fácilmente su libertad, sino que deben ser sometidos a un riguroso programa de reeducación. Eso exige recursos y dedicación de parte del Estado, pero no es posible que los reos se gradúen como peores delincuentes después de pasar por un reclusorio. Eso es inaceptable y causa una mayor carga para el mismo Estado.

Estamos frente a una situación que amerita urgentes medidas que alivien los males de la cotidianidad y reduzcan al mínimo las acciones violentas que por lo menos hasta el presente alteran los derechos ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad de ciudadanos, adultos, pero también de jóvenes y niños que están en riesgo de aparecer en cualquier calle en medio de una trifulca social que por sus nuevas características se convierte en una bomba de tiempo.

El consumo del alcohol, así como las películas de violencia u otros elementos resultan accesorios ante este panorama. Demuestra que no se debe tomar al todo por uno de sus factores. Sólo después de afrontar los principales factores que inciden en la inseguridad ciudadana, se podrá atacar las cuestiones formales y que tienden a dar forma, como el consumo del alcohol, que está asociado a otros elementos. No se debe incurrir en el facilismo de creer que al proscribir el alcohol se suprimirá la delincuencia.