EDITORIAL

UNA SOLUCIÓN INSUFICIENTE Y LIMITADA

Los profesionales y trabajadores en salud mantienen una huelga general indefinida desde hace 42 días en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 1126, que determina jornadas laborales diarias de ocho horas. El pasado martes, en el marco de una movilización en rechazo a este decreto, estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) protagonizaron una acción vergonzosa: la quema de la bandera de Cuba, en puertas del Ministerio de Salud. Con este acto retraído, los futuros médicos de la UPEA, al menos unos cuantos, no sólo manifestaron su molestia ante las amenazas del Gobierno de reemplazar a los profesionales bolivianos por galenos cubanos, sino también una alarmante ignorancia y menosprecio respecto a los símbolos patrios y el respeto hacia los demás. 

El viernes pasado, el presidente Evo Morales anunció que la norma permanecía en suspenso hasta la “cumbre social” que debata la sublevación de la salud pública en Bolivia; ya que esa nueva cumbre no sólo será para debatir la vigencia de 8 horas de trabajo de los médicos y del personal de la sanidad pública, sino será para cambiar totalmente la salud en Bolivia que se instalará en julio próximo. Sin embargo, el segundo mandatario explicó que la suspensión del Decreto 1126 tiene la misma calidad de la abrogación, por lo que las medidas de protesta del sector salud y de los estudiantes de las universidades ya no tienen razón de ser.

En su breve anuncio, el Primer Mandatario hizo notar que el polémico decreto no fue una iniciativa del Gobierno, sino del primer Encuentro Plurinacional, realizado en Cochabamba entre diciembre de 2011 y enero de 2012, en el que los movimientos sociales reunidos demandaron ampliar el horario de trabajo de los médicos, que desde la década de 1960 gozan de un régimen especial que consiste en jornadas laborales de seis horas diarias.

El viceministro de Salud, Martín Maturano, afirmó el domingo que tras la suspensión del reglamento del Decreto Supremo 1126 que norma las 8 horas de trabajo en el sector de salud, no existe ninguna razón para que médicos y trabajadores mantengan sus medidas de presión. Los galenos y trabajadores en salud pasaron el mes de inactividad en rechazo al decreto dispuesto por el Ejecutivo y tras la más reciente propuesta gubernamental decidieron persistir con sus medidas de presión. 

La reacción inmediata de los sectores movilizados fue saludar la idea de una cumbre, pero al mismo tiempo manifestaron sus dudas respecto a la suspensión de la aplicación del DS 1126, reclamando que legalmente no existe una suspensión de la norma, por lo que corresponde seguir movilizados hasta lograr la derogatoria del decreto, cosa que probablemente no suceda, sobre todo considerando que casi todos los trabajadores que participaron del paro y las movilizaciones perdieron su salario del mes de abril al no haber laborado desde fines de marzo, cuando comenzó la fase más dura de la protesta.

Resulta cuando menos extraño escuchar declaraciones de los médicos en el sentido de que el acuerdo al que arribaron con el Gobierno beneficia a las partes en conflicto, dando a entender que durante los 30 días fijados para el análisis de la norma legal que los obliga a trabajar ocho horas de las seis vigentes son un camino a la solución. Parecería que Gobierno, médicos y salubristas se olvidan de los enormes perjuicios para la población y del sufrimiento de miles de personas que tuvieron que soportar una medida extrema en uno de los sectores más importantes como es el caso del sector de salud.